En la Argentina se consumen al año alrededor de 3.100 millones de cigarrillos producidos en el país en fábricas semiclandestinas y unos 2.600 millones llegados de contrabando desde Paraguay, en dos negocios ilegales de fuerte crecimiento en el mercado fuera de todo control sanitario e impositivo.

 

 

Por esos alrededor de 5.700 millones de cigarrillos de origen ilegal que se consumen en todo el país, el fisco argentino pierde de recaudar más de 8.000 millones de pesos al año, de acuerdo con estudios elaborados para la industria tabacalera.

 

 

 

En cuanto a los cigarrillos “truchos”, cada vez con mayor frecuencia se detecta mercadería de producción local desconocida y no declarada, que es vendida en unidades sueltas o en paquetes sin estampilla en las mismas bocas de expendio que los productos legales.

 

 

 

La falsificación de paquetes de marcas conocidas apunta en general al segmento más bajo del mercado ya que tiene como destinatario a un consumidor que busca precio y no calidad.

 

 

 

Como esos productos evaden el pago de impuestos, son vendidos a valores significativamente menores que los normales.

 

 

 

“El cigarrillo es un producto con una gran carga impositiva. La mayor parte del precio que paga el consumidor va a parar al fisco”, indicó Juan Félix Marteau, abogado especialista en delitos económicos, quien resaltó la magnitud de la evasión impositiva y que además “no hay ningún tipo de control sanitario” en el producto “trucho”.

 

 

 

En lo referido al contrabando, el letrado resaltó a la agencia NA que “Paraguay es un gran productor de cigarrillos que tiene un mercado local muy pequeño, que no alcanza al 5% de lo que produce el país, es decir que produce una enorme cantidad de cigarrillos que se contrabandea en toda la región”.

 

 

 

Marteau, director del Posgrado en Prevención Global de Criminalidad Financiera de la Facultad de Derecho de la UBA, explicó que el contrabando y la falsificación de cigarrillos “son dos negocios distintos, con una rentabilidad distinta, y con actores distintos”.

 

 

 

“En el caso de los cigarrillos contrabandeados, utilizan la misma logística que para el tráfico de marihuana, teniendo en cuenta que el Paraguay, además de ser un gran productor de cigarrillos para el contrabando, es el segundo mayor productor de marihuana de la región”, señaló.

 

 

 

Misiones, Corrientes y Formosa son los tres provincias por las que ingresa al país el contrabando, y pese a los esfuerzos de la Gendarmería nacional lo hace tanto por tierra como a través de avionetas, aunque la cantidad más importante llega por los ríos.

 

Un estudio realizado el año pasado por la consultora TNS Kantat para medir el nivel de penetración de cigarrillos ilegales en el mercado de la Argentina reveló que un 13,1% de los fumadores consumía cigarrillos de origen ilegal, en muchos casos desconociendo esa condición.

 

 

 

En términos de volúmenes, esa cifra representaría un 14,2% del mercado, con un crecimiento de 3,3 puntos porcentuales respecto del año anterior.

 

 

 

La comercialización de los productos ilegales se realiza, en la mayoría de los casos, a través del mismo canal formal en el que se venden los productos legales, y más del 80% de los consumidores de cigarrillos ilegales afirmó haberlos comprado en kioscos o maxi kioscos.

 

 

 

El área metropolitana de Buenos Aires (GBA y CABA) concentra el 71% del mercado ilegal, mientras que el Noreste del país la cual muestra un crecimiento en el nivel de comercio ilegal de cigarrillos en 2017 y continúa siendo la región con mayor nivel de ilegalidad (44.3% a nivel volumen).

 

 

 

Según datos de ese estudio, la comercialización de cigarrillos con estampillas falsificadas a bajo precio y sin el pago de impuestos es la principal forma de comercio ilegal en la Argentina.

 

 

 

Entre las marcas detectadas con estampillas falsificadas se cuentan Red Point, Melbour, Melbo, Rodeo, V8 y CJ.

 

 

 

Las marcas de bajo precio representan el 4.5% del mercado de cigarrillos y mostraron un crecimiento en el consumo durante el último año como consecuencia de la situación ecónomica del país.

 

 

 

Fuente: NA