En 2014 la Tesorería General del Gobierno de Chaco autorizó pagos no controlados por  4 mil millones de pesos, según  una investigación judicial que se conoció como la causa Junco o “robo hormiga”, que se elevó a juicio oral. Paradójicamente,  los investigados no fueron los máximos responsables   de la Tesorería, sino una exempleada y por un monto casi irrisorio. No se investigó ese movimiento multimillonario, lo que constituye una deuda más de la justicia penal chaqueña. Intervino en la investigación la Dra. Graciela Griffith Barreto, quién actualmente integra el equipo fisc1al que administra la causa conocida como Lavado I en la Justicia Federal.

 

Llamativamente la denuncia fue formulada por el Tesorero General, contador Carlos Miguel Olivera y su mano derecha, la directora de Coordinación de Proyectos y Sistemas, la contadora María del Carmen Fernández. Tal denuncia se realizó luego de que tomara trascendencia pública el caso que se conoció como “robo hormiga”, además de que reiteradamente el Tribunal de Cuentas efectuara cargos contra el organismo al analizar los ejercicios financieros 2014 y 2015 del Sector Público.

 

De los informes que se recopilaron en la causa penal  surgió que en 2011 la Tesorería General contrató el servicio Interbanking con la Oficina de Servicios del Nuevo Banco del Chaco, que es la propietaria de la red. Se trata de un servicio de pagos y cobros destinado más que nada a empresas. La Tesorería provincial lo adquirió mediante un convenio firmado con aquella entidad bancaria, que actúa como agente financiero del Estado.

 

El Interbanking es utilizado  como un sistema de pago electrónico alternativo, que funciona casi libremente y sin controles preventivos. Así continúa hasta ahora. Las irregularidades  del sistema fueron planteadas por la Directora de Movimientos de Fondos y Cuentas, Nancy Junco, quién luego resultó penalmente denunciada. Por nota de noviembre de 2011 Junco dio el alerta al Tesorero General Olivera. Advirtió que la Contaduría General no tenía intervención en el funcionamiento del sistema “de plataforma web”, tal como obliga  Ley 4787 que establece todas las pautas de control financiero del Sector Público.

 

Investigación hormiguita frente a grandes fraudes

 

Cuando el escándalo del “robo hormiga” ya era un hecho público, se inició un sumario  administrativo en   la Asesoría General de Gobierno. En ese marco se requirió informe al Contador General de la Provincia, Milcíades Duré, quién encomendó tal trabajo al contador  Marcelo Zabaleta, que en agosto de 2014 elevó sus conclusiones a Duré. Cuestionó el uso de la plataforma Interbanking utilizada por la Tesorería General, que en un corto período de seis meses -entre el 1° de enero de 2014 y el 21 de julio de ese mismo año- movió más de 1.700 millones de pesos “sin intervención” de la Contaduría General, que es el órgano de control interno del Sector Público, de acuerdo a la Ley Orgánica de Contaduría y Tesorería.

 

Ese informe fue agregado a la causa penal; sin embargo, el informe oficial no movió  a la Contaduría General  ni a la Asesoría General de Gobierno, como tampoco a la justicia penal chaqueña, para que investiguen  posibles delitos  en los que podrían quedar implicados las más altas autoridades  de la Tesorería Provincial.

 

En enero de 2015 la Contaduría General informó que no tenía acceso al sistema de transferencia electrónica de fondos Interbanking, y que desconocía la existencia de algún instrumento legal que autorizara su implementación. Este órgano de control destacó que  el  sistema generaba un riesgo para la seguridad del Sistema Integrado Financiero del Estado porque permitía “un circuito paralelo de extracción de fondos a través de mecanismos que no responden a las autorizaciones y procedimientos que por normas legales se establecen”.

 

Descontrol organizado

 

Desde que la Tesorería General utiliza el sistema de pago electrónico Interbanking no se instrumentaron los controles preventivos de la Contaduría General. Se parece  mucho al sueño de los gobernantes de no ser controlados. El Interbanking les vino como anillo al dedo. Funciona como un sistema de pagos muy veloz, que impacta vía web en cuentas bancarias oficiales, sin necesidad de instrumentos legales previos. Opera sin el control de la burocracia estatal, activado por muy pocas personas. Sobresale la posibilidad, inclusive, de que  prácticamente no deja  rastros, además de que se pueden cambiar los  destinatarios o beneficiarios de las transferencias después de efectuarse el “disparo” electrónico  desde la Tesorería General.

 

Interbanking y superpoderes

 

El sistema Interbanking fue y es operado exclusivamente por la Tesorería General, en paralelo con el sistema SAFyC, que rige por la Ley 1092-A (antes Ley N° 4787), de control de la administración financiera del Sector Público.

 

Interbanking es una red de banca electrónica que solo requiere de un CUIT o CUIL y una CBU para posibilitar, entre otras funcionalidades, la transferencia de fondos  vía web de una cuenta oficial a empresas o personas físicas que figuran como proveedoras, prestadoras y contratistas. Los datos del destinatario o beneficiarios son previamente ingresados en el sistema por un operador qu2e maneja la clave de usuario y password de acceso. El disparo del pago electrónico se produce por medio de una clave dinámica del tipo E-Token, que solamente cuentan los máximos responsables del sistema en la Tesorería General.

 

 El manejo discrecional que habilita el Interbanking intentó ser justificado  por algunos altos funcionarios en base a las normas de la Ley 4787, de Organización y Funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público. El artículo 106 autoriza al Gobernador y, de seguido, al Ministerio de Hacienda y Finanzas para hacer uso de cualquiera de los recursos depositados en el Tesoro provincial, utilizándolos para cualquier destino o fines  con la sola condición de devolverlos, como máximo, antes del vencimiento del mandato del gobernador de turno, sin importar a qué partida se afecten los fondos, con la sola excepción de que no sea dinero que provenga de la toma de créditos.

 

En los hechos, tales facultades representan superpoderes extremadamente amplios, que ejercidos irracionalmente generaron un enorme descontrol. En las rendiciones de cuentas del Ejercicio 2015, luego de las observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, el Contador General Carlos Olivera consideró que ya no era necesario devolver los fondos, avalando una práctica despreciable de manejo extrapresupuestario prácticamente ilimitado en favor del titular del Poder Ejecutivo de entonces, el contador Jorge Capitanich. Esa práctica se reprodujo durante los dos mandatos del exgobernador, que abusó del uso financiero de los recursos públicos y generó un caos y deudas en el sistema financiero público,  que luego significó la pesada herencia que recibió el actual gobernador Peppo.

 

 

 

Fuente: centromandela.com